La Confederación de Trabajadores y Trabajadoras Convergencia Sindical comunica que la noticia sobre la condena a siete dirigentes sindicales, es parte de la persecución judicial iniciada durante el Gobierno de Ricardo Martinelli y que hoy se retoma con la intención de amedrentar al movimiento sindical y despejar el camino para las reformas a la CSS.

En el 2010, la Ministra de Trabajo Alma Cortez, denunció a los líderes nacionales de las organizaciones sindicales por supuestas irregularidades en la gestión de fondos públicos. Ante esto, la Contraloría de la República investigó exhaustivamente y presentó su Auditoria Final, donde declaró que los fondos del 5% del seguro educativo “se manejaron conforme a las leyes y reglamentos”.

En el año 2011, ante la inexistencia de lesión patrimonial en perjuicio de los fondos públicos, la dirigencia sindical fue sobreseída por el Ministerio Público. Pero en el 2012, luego de que el movimiento sindical alertó en la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la represión del Gobierno de Panamá contra el pueblo Ngäbe Buglé y campesino, se desató la persecución con la reapertura del proceso, sin pruebas y sin el debido proceso. Ante esta situación, en el año 2014, el Consejo de Gabinete desistió del proceso y en el 2019 el Ministerio Público presentó el sobreseimiento definitivo del expediente.

No obstante, de manera arbitraria, se mantuvo abierto el expediente sobre el cual un Juez emitió una reciente decisión, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia se encuentra por resolver el recurso de amparo de garantías constitucionales contra la actuación del Tribunal.

Asimismo, el inusual comunicado del Ministerio Público, publicado al mismo tiempo que la sentencia y sin que se haya notificado a las partes, no se corresponde a la verdad al señalar que los dirigentes no presentaron informes, cuando el proceso inició supuestamente por cuestionamientos sobre dichos informes.

En síntesis, la sentencia irregular y extemporánea, el comunicado impreciso de la Procuraduría y la exposición mediática contra movimiento sindical, evidencian la campaña que busca silenciar a las organizaciones sindicales precisamente cuando se discuten posibles reformas a la ley orgánica de la Caja de Seguro Social. También, esta nueva ola de persecución contra el movimiento sindical, es consecuencia de las movilizaciones de julio de 2022 y otro intento de sabotear la segunda etapa de la Mesa Única del Diálogo por Panamá, que debe abordar los problemas estructurales del país.

Por último, Convergencia Sindical ratifica su política de transparencia en el uso de recursos para la formación sindical, en la cual mantiene un robusto programa de capacitación y formación de trabajadores, trabajadoras y dirigentes sindicales.

Panamá, 2 de diciembre de 2022.